Inocentada

La inocentada de 2016 nos la ofreció bien temprano el Tribunal Constitucional con un fallo (nunca mejor dicho) en el que se plantea que más de 100.000 ciudadanos españoles con problemas mentales o discapacidad psíquica tengan que “ser examinados” para recuperar su derecho al voto en caso de que un juez les haya privado del mismo por alguna razón. Sentenciar que algunos han de examinarse para votar, o sacar el carné de votante como se saca el de conducir o el permiso de armas, es grotesco por no decir inhumano. Al parecer, los magistrados temen que haya personas con debilidad mental (qué gran expresión y cuán aplicable a tanta gente), que puedan ser “indebidamente influenciadas” (sic) al acercarse a las urnas. ¿Indebidamente influenciadas? ¿Por quién? Tras años de presenciar campañas electorales de un nivel intelectual, verbal, gestual y argumental apenas superior al que podría exhibir un chimpancé con bachillerato, es un escándalo que alguien con toga se lo monte de purista y aparezca ahora en lo alto del monte Olimpo con esta medida pétrea entre las manos que suena directamente a nazismo mal disimulado, a castración civil y a depuración de la raza democrática vetando el acceso a las urnas.

El TC abre la puerta de la discriminación legal con este colectivo de personas de derechos limitados, y no tardará quien pida enseguida que la norma se aplique a todos los discapacitados psíquicos que aún siguen en el censo de votantes. Prueba de que ello es así y de que hay gente que no tiene claro quien puede y no puede votar, es que la última vez que mi hijo síndrome de Down acudió a las urnas con su papeleta libremente elegida por él y sin “indebidas influencias”, el presidente de la mesa electoral me preguntó a mi si mi hijo podía votar. Mi respuesta fue muy simple: “si está en el censo puede votar”. El tipo se me quedó mirando con desconfianza y tras comprobar un par de veces o tres que mi hijo estaba censado correctamente, recibió el voto sin tenerlas todas consigo. Si a un presidente de mesa electoral nadie le ha explicado que un discapacitado tiene todos sus derechos en vigor salvo que le hayan sido retirados por un juez, en cuyo caso no aparecería en el censo electoral, vamos dados.

Ahora hay 100.000 ciudadanos y ciudadanas que deberán rebañar en su cerebro las respuestas a un examen de votante. ¿Quién hará las preguntas? ¿Quién corregirá las respuestas y les pondrá nota? ¿Habrá también exámenes para probar la capacidad de los candidatos? ¿Se protegerá de perniciosas o “indebidas influencias” a esos ancianos demenciados que acuden a los colegios electorales acompañados de amorosas religiosas o solícitos apoderados de los partidos políticos que se ofrecen gustosos a meterles la papeleta en el sobre y el sobre en la urna? No me jodan, señorías. En este país en el que los escaños han santificado a tarados clamorosos, pedir que los discapacitados se examinen para votar es una crueldad innecesaria. Ya puestos, que nos examinen a todos. A los jueces también.

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