Consultivo

El Tribunal Supremo acaba de tirarle de las orejas al Consejo Consultivo del Principado, un órgano que, diseñado presuntamente para asesorar la defensa de los intereses legales de la comunidad asturiana, no ha sido capaz de defenderse a sí mismo. Vamos bien. El Consultivo acaba de perder el juicio, en sentido legal, por insistir en nombrar siete cargos a dedo. Ya es la segunda vez que los ilustres juristas que lo integran tropiezan con la misma piedra, y eso que se trataba de un asunto doméstico del propio Consejo. Además de palmar ante el Supremo la institución tendrá que pagar unas costas judiciales de 2.500 euros, cantidad que en los tiempos que corren no es moco de pavo. Y uno se pregunta ahora ¿quién vigila al vigilante? y ¿con quién consulta sus decisiones el tan consultado consejo consultivo? Pese a la reiterada impericia legal mostrada en la defensa de asuntos propios, este organismo con ínfulas de Tribunal Constitucional de andar por casa ha salido indemne de la poda que el parlamento Principado de Asturias ha aplicado a otras instituciones auxiliares como la Sindicatura de Cuentas (poda parcial) y la Procuradora General del Principado (poda total). Mientras el Consejo no sabe aconsejarse, la Defensora ha intentado defenderse poniendo sobre la mesa el hecho de que el presupuesto de su institución supone el 0,02% de las cuentas regionales y que la mayor parte de su plantilla, más del 90%, está integrada por funcionarios del Principado cuyos sueldos no implican sobrecoste alguno. Unido esto, la Defensoría Autonómica ha atendido en seis años miles de consultas presenciales de ciudadanos que, una vez desguazada la institución, tendrán que ir con sus quejas a Madrid. Por el contrario, el Consejo Consultivo tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros, una plantilla de 6 altos cargos y 25 asesores (menos los que el Supremo ha tumbado). A pesar de ello nadie les ha tocado un pelo, tal vez por tratarse de un glorioso cementerio de elefantes en el que todos los partidos parlamentarios tienen algún cliente al que recolocar tras largos servicios a la patria. Que el Supremo les zurre la badana parece ser lo de menos; que los ciudadanos desconozcan su utilidad práctica, también. Tal vez habría que encargar al Consultivo un informe jurídico para saber si es decente cargarse una defensoría del pueblo autonómica. Con suerte, lo mismo se equivocan y desaconsejan esta decisión. Menuda panda.

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